Teoría del todo

Parte XIX · Lo público

Qué es una licitación

en cursoÚltima actualización: 26 de octubre de 2026 · Primera versión del capítulo

Se construye sobre: El Estado y cómo funciona, Precio y valor

Si necesitas un computador, vas a la tienda que te queda cerca, o a la de tu primo, o compras el que te recomendó un amigo. Nadie te pide explicaciones. Ahora imagina que eres alcaldesa y necesitas doscientos computadores para los colegios del municipio. Si se los compras a tu primo, aunque sean buenos y a buen precio, tienes un problema. ¿Por qué? Es el mismo computador y el mismo primo.

Lo que cambió es de quién es la plata. En el Estado y cómo funciona vimos que gastar el presupuesto es, en gran medida, contratar, y que ese presupuesto sale de impuestos que pagan todos. Comprar con plata de todos exige tres cosas que tú, comprando con la tuya, no le debes a nadie: que cualquiera que pueda ofrecer lo que se necesita tenga la misma oportunidad de hacerlo, que la razón por la que se escogió a uno se pueda revisar desde afuera, y que se escoja bien, sin despilfarro. La ley colombiana habla de principios de transparencia, economía y responsabilidad, y de selección objetiva: se escoge la oferta más favorable para la entidad y sus fines, sin que pesen el afecto ni el interés. Una licitación es el procedimiento que convierte esas palabras en pasos.

Lo que sigue es una explicación general, no asesoría legal: cada proceso tiene su pliego y sus reglas, y para un caso concreto manda lo que dicen ellos y la norma vigente.

El marco en Colombia

La base es la Ley 80 de 1993, el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. La Ley 1150 de 2007 la reformó a fondo: ordenó las modalidades de selección, separó los requisitos que habilitan a un proponente de los factores que se califican, y mandó crear el Sistema Electrónico para la Contratación Pública, el SECOP. Después vinieron, entre otras, la Ley 1474 de 2011, el estatuto anticorrupción, y la Ley 1882 de 2018, que ordenó adoptar documentos tipo, pliegos estándar de uso obligatorio en varios tipos de proceso. La reglamentación quedó reunida en el Decreto 1082 de 2015, el decreto único del sector de planeación nacional. Y desde el Decreto-Ley 4170 de 2011 existe la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente, que es el ente rector del sistema: hace las guías, los documentos tipo, los acuerdos marco de precios y administra el SECOP.

El SECOP tiene dos versiones que conviven. En el SECOP I las entidades publican los documentos del proceso, pero las ofertas y el contrato van por fuera. El SECOP II es transaccional: el proceso entero ocurre en la plataforma, desde el pliego hasta la oferta, la evaluación y el contrato. Para alguien que piensa en datos, el SECOP es una de las bases públicas más ricas del país: cada proceso deja un rastro de documentos, fechas, montos y participantes que se puede consultar. Cómo se piensa una base así está en bases de datos.

Cinco caminos

No todo se compra igual. La Ley 1150 define las modalidades de selección, y la entidad tiene que justificar cuál usa.

La licitación pública es la regla general: un proceso abierto, con pliego publicado y observaciones, para lo que no cabe en las demás. La selección abreviada es un procedimiento simplificado para casos como las compras de menor cuantía o los bienes de características técnicas uniformes, que muchas veces se compran por subasta inversa o por acuerdos marco. El concurso de méritos es para consultorías e interventorías: ahí se escoge por calidad y experiencia, y el precio no compite. La contratación directa procede solo en los casos que la ley enumera, como la urgencia manifiesta, los contratos entre entidades públicas o ciertos servicios profesionales. Y la mínima cuantía, que agregó la Ley 1474, es para compras que no superan el 10 % de la menor cuantía de la entidad: se publica una invitación corta y gana el menor precio entre quienes cumplan.

De los estudios previos a la liquidación

Una licitación pública tiene una forma que vale la pena recorrer entera, porque cada paso existe para cerrar una puerta. Empieza antes de que nadie se entere: en los estudios previos la entidad dice qué necesita, por qué, cuánto cuesta en el mercado y qué riesgos ve. Con eso publica un proyecto de pliego, y cualquiera puede presentar observaciones: que tal requisito es imposible, que tal plazo no alcanza, que tal exigencia parece hecha a la medida de alguien. La entidad responde, ajusta y abre el proceso con el pliego definitivo, que puede seguir cambiando por adendas. Los interesados presentan sus ofertas hasta una hora exacta de cierre; la entidad las evalúa, publica el informe, recibe observaciones sobre él y adjudica, en el caso de la licitación, en audiencia pública. Luego se firma el contrato, con sus garantías; viene la ejecución, vigilada por un supervisor o un interventor; y al final la liquidación, que es el corte de cuentas: qué se hizo, qué se pagó, quién le debe a quién.

En la evaluación hay una distinción que ordena todo lo demás. Los requisitos habilitantes (capacidad jurídica, experiencia, capacidad financiera y organizacional) no dan puntos: se cumplen o no se cumplen, y quien no los cumple no sigue. Entre los habilitados, los criterios de puntuación (el precio, la calidad, el apoyo a la industria nacional y otros que fije la ley o el pliego) deciden quién gana. Buena parte de la información habilitante no se acredita proceso por proceso, sino a través del Registro Único de Proponentes, el RUP, que llevan las cámaras de comercio y que certifica la experiencia y los indicadores financieros de cada empresa. Cómo una IA puede comparar un pliego con un RUP sin inventarse nada lo conté en una IA que cita la ley, y no lo repito aquí.

Una subasta en sobre cerrado

Debajo de todo ese procedimiento hay un objeto matemático conocido: una subasta. Con una vuelta: en una subasta de arte gana quien más ofrece; en una compra pública, cuando lo que se califica es el precio, gana quien menos pide. Cada oferente tiene un costo que solo él conoce, mete su oferta en un sobre, y los sobres se abren a la vez.

William Vickrey estudió en 1961 dos formatos. En el de primer precio, gana la oferta más baja y se le paga lo que ofertó. Nadie oferta su costo (ganaría sin ganar nada): cada uno le suma un margen, y el tamaño del margen es una apuesta sobre los demás. En el de segundo precio, gana la más baja, pero se le paga la segunda más baja. Ahí ofertar exactamente tu costo es lo mejor que puedes hacer, sin importar lo que hagan los otros: subir la oferta solo te hace perder contratos que te convenían, y bajarla solo te hace ganar contratos a pérdida, porque lo que te pagan no depende de tu oferta.

Si los costos están repartidos uniformemente entre y un presupuesto , y hay oferentes simétricos, la oferta de equilibrio en primer precio tiene una forma sencilla:

Pides tu costo más una enésima parte de lo que te falta para el techo. Con más competidores, el margen se encoge. Y aquí está la sorpresa: en promedio, el Estado paga lo mismo en los dos formatos. En los dos, el precio esperado es el valor esperado del segundo costo más bajo, que con costos uniformes es

Es un caso del teorema de equivalencia de ingresos, que Vickrey vio en casos particulares y que Roger Myerson, y por separado John Riley y William Samuelson, generalizaron en 1981. Como todo teorema, vale con sus hipótesis, y aquí son exigentes: costos privados e independientes, oferentes simétricos y neutrales al riesgo, el contrato siempre para el de menor costo, y el oferente de costo más alto esperando ganancia cero. El cálculo de esperanzas es el de probabilidad: el -ésimo más pequeño de uniformes en tiene esperanza .

Juega · una compra pública en sobre cerrado

El presupuesto oficial es 100 millones. Cada oferente tiene un costo propio, sorteado entre 60 y 100, que solo él conoce. Gana la oferta más baja. En primer precio se le paga lo que ofertó; en segundo precio, la segunda oferta más baja. Todos ofertan según la estrategia de equilibrio de cada formato.

oferentes
60708090100oferente 1oferente 2oferente 3oferente 4oferente 5

círculo: costo · cuadro: oferta (relleno azul: gana; ámbar: cartel) · línea punteada: lo que paga el Estado

Esta ronda la gana el oferente 3: el Estado paga 73,8 y su margen es 6,6.

En 2.000 rondas, el precio promedio es 73,3 en primer precio y 73,3 en segundo precio (la teoría dice 73,3 para los dos). Margen promedio del ganador: 6,7.

Con cinco oferentes, costos entre 60 y 100 millones y un presupuesto de 100, la fórmula da 73,3. En las 2.000 rondas de la animación, el primer precio da 73,3 en promedio y el segundo precio también, y el margen promedio del ganador ronda los 6,7 millones en los dos, que es . Lo que cambia es la dispersión: en segundo precio el pago depende directamente del segundo costo, que salta mucho de una ronda a otra; en primer precio la oferta suaviza ese azar. Sube a ocho oferentes y mira cómo baja el precio: la competencia es, literalmente, plata del Estado.

Una advertencia sobre el modelo. En Colombia, buena parte de las licitaciones no las gana sin más el precio más bajo: el precio es uno entre varios factores (lo que cuesta algo no es todo lo que vale, como vimos en precio y valor), y en los pliegos tipo de obra pública el método para calificar el precio (que puede premiar la oferta más cercana a un promedio, y no la más baja) se escoge al azar con los decimales de la tasa de cambio de un día fijado. La subasta pura se parece más a la mínima cuantía o a la subasta inversa. Es un modelo para entender la lógica, no la regla de ningún pliego.

La maldición del ganador

Las hipótesis de Vickrey suponen que cada uno conoce su costo. En una obra, nadie lo conoce del todo. El costo de una carretera depende del suelo que aparezca al excavar, del clima, del precio del asfalto en dos años (piensa en lo que cuenta puentes y carreteras, o en los suelos de una ladera). Hay un costo verdadero común a todos, y cada oferente tiene solo una estimación con error. ¿Quién gana? El que ofertó más bajo, que muchas veces es el que más subestimó el costo. Aunque cada estimación sea correcta en promedio, la menor de varias estimaciones no lo es:

Es la maldición del ganador, descrita a comienzos de los años setenta por ingenieros petroleros que se preguntaban por qué los campos que ganaban en subasta rendían menos de lo esperado. La lección es contraintuitiva: si vas a ganar, es justo cuando tus cálculos tienen más probabilidad de estar equivocados a tu favor, y hay que ofertar teniendo eso en cuenta. Una entidad que adjudica siempre al más barato, sin mirar si el precio es realista, puede estar escogiendo sistemáticamente al que peor calculó. Por eso la reglamentación colombiana obliga a revisar las ofertas que parezcan artificialmente bajas.

Cuando los oferentes se ponen de acuerdo

Toda la teoría anterior supone que los oferentes compiten. Si no lo hacen, la subasta se vuelve teatro. En un cartel de oferentes, varios se ponen de acuerdo: uno oferta en serio y los demás presentan ofertas de acompañamiento, más altas, para que parezca que hubo competencia; o se turnan quién gana; o se reparten regiones. Es un dilema del prisionero al revés: en ética vimos cómo la cooperación puede surgir cuando el juego se repite, y aquí la cooperación que surge es contra un tercero, que es el que paga. En Colombia, concertarse para alterar una licitación, una subasta, una selección abreviada o un concurso es delito desde la Ley 1474 de 2011 (el artículo 410A del Código Penal), y la Superintendencia de Industria y Comercio investiga y sanciona estos acuerdos como prácticas contra la competencia.

En la animación, activa la colusión: los tres primeros oferentes de cinco forman un cartel. En segundo precio el cálculo es exacto, porque cada uno sigue ofertando su costo salvo los acompañantes, y el precio promedio sube de 73,3 a 75,9: el cartel quitó competidores sin que nadie lo note en una sola ronda. En primer precio el equilibrio con un cartel deja de ser simétrico y no tiene una fórmula sencilla; la animación usa la aproximación de que todos ofertan como si hubiera menos rivales, y por eso ahí el número es solo indicativo. Pon el cartel con los cinco y el Estado paga el presupuesto completo.

¿Cómo se detecta algo que está hecho para no verse? Con datos. Un cartel deja huellas estadísticas: ofertas perdedoras que siempre quedan a la misma distancia de la ganadora, o que se mueven juntas cuando deberían depender de costos distintos; ganadores que se turnan con una regularidad que la competencia no produce; empresas que nunca compiten entre sí en la misma región. Robert Porter y Douglas Zona lo mostraron en un estudio de 1993 sobre licitaciones de carreteras en Long Island: las ofertas de los miembros de un cartel ya condenado no se comportaban como las de empresas que compiten. Hoy esas pruebas se hacen con las herramientas de estadística y de aprendizaje automático, y la OCDE publica guías para que las entidades reconozcan las señales. Con una advertencia que vale para cualquier detector: una señal no es una prueba, y un patrón raro puede tener explicaciones inocentes. El dato abre la pregunta; no la cierra.

El pliego como problema de información

Si miras la licitación entera desde lejos, lo que se mueve no es dinero, es información. La entidad sabe lo que necesita y los oferentes no; cada oferente sabe su costo y la entidad no. El pliego es el canal por el que la entidad le dice al mercado qué quiere, y en el lenguaje de entropía e información su trabajo es reducir la incertidumbre de quien lo lee sobre qué se va a evaluar y cómo. Un pliego ambiguo tiene mucha entropía: cada oferente lo interpreta a su manera, las ofertas dejan de ser comparables y la evaluación se vuelve discutible. Las observaciones y las adendas son la manera de ir bajándola.

Pero un pliego también puede dar demasiada información a quien no debe. El llamado pliego sastre, con requisitos tan específicos que solo un proponente los cumple, es una forma de decidir el ganador antes del cierre. Los documentos tipo intentan cerrar esa puerta estandarizando lo que se exige; el azar en el método de evaluación, impedir que alguien sepa de antemano qué oferta conviene presentar. Todo el diseño, visto así, es una pelea por quién sabe qué y cuándo.

Miles de pliegos

Queda un problema práctico que la teoría no resuelve. En Colombia se publican cada año muchísimos procesos, y cada uno trae un pliego de decenas o cientos de páginas, con anexos y adendas. Para una empresa pequeña, saber en cuáles puede participar, qué le piden y si cumple es un trabajo de tiempo completo, y la asimetría de información que la ley quiere corregir reaparece por otro lado: gana quien tiene tiempo para leer. Las mismas propiedades que vuelven difícil el problema (mucho texto, reglas precisas, un costo alto por equivocarse) lo vuelven un buen trabajo para una IA, con una condición: que cada cosa que afirme lleve la cita del numeral del pliego o del artículo de la norma de donde salió, para que quien la usa pueda revisarla. Eso es lo que intento con Licitarus. Cómo se hace por dentro está en una IA que cita la ley, y por qué la cita importa tanto, en qué es saber.

Me quedo con una idea. Una licitación es un mecanismo para que gente que no se conoce, y que no tiene por qué confiar en la otra, llegue a un acuerdo con plata de terceros. Funciona cuando hay competencia, cuando las reglas se entienden igual para todos y cuando lo que pasó se puede revisar. Las tres condiciones son, en el fondo, condiciones sobre la información. Por eso me parece que la contratación pública no es solo un asunto de abogados: es uno de los lugares donde la teoría de juegos, la estadística y la lectura cuidadosa se encuentran con la plata de todos.