Teoría del todo

Parte XIX · Lo público

El Estado y cómo funciona

en cursoÚltima actualización: 26 de octubre de 2026 · Primera versión del capítulo

Se construye sobre: El dinero, Ética

Compras un tinto y en el recibo aparece una línea que no pediste: el IVA. Sales a la calle y el semáforo funciona, el alumbrado prende a las seis, alguien recogió la basura en la madrugada. Si te roban, llamas a la Policía; si te despiden sin pagarte, hay un juez. Nadie te preguntó si querías todo eso, y casi todo lo usas sin pensarlo. Detrás de cada cosa hay la misma presencia difusa a la que le decimos el Estado, y que casi nunca nos detenemos a mirar de frente: ¿qué es, exactamente? ¿Por qué le obedecemos? ¿De dónde saca la plata, y en qué se la gasta?

Este capítulo abre una parte del libro sobre lo público. No voy a hablar de partidos ni de gobiernos; voy a intentar describir la máquina, con la misma calma con la que en otros capítulos describí un circuito o el corazón. Y como la máquina se entiende mejor en un caso concreto, el caso será Colombia y su Constitución de 1991. No es asesoría legal: es un mapa para orientarse.

Una definición incómoda

La definición más citada es de Max Weber, en una conferencia de 1919 que se publicó como La política como vocación. Parafraseada con cuidado, dice que el Estado es la comunidad humana que, dentro de un territorio determinado, reclama con éxito para sí el monopolio de la violencia física legítima. Cada palabra trabaja. Territorio: el Estado es un poder con fronteras. Monopolio: no es que el Estado sea el único que puede usar la fuerza, es que es el único que puede autorizarla; la legítima defensa existe porque la ley la reconoce. Y legítima: no basta con tener armas, hace falta que la mayoría acepte que ese uso de la fuerza es de derecho. Una banda que controla un barrio tiene violencia; lo que no tiene es legitimidad.

La teoría del Estado clásica, en una formulación que suele atribuirse al jurista alemán Georg Jellinek, resume lo mismo en tres elementos: población, territorio y poder soberano, es decir, un poder que no reconoce otro por encima dentro de ese territorio. Fíjate en que ninguno de los tres es una cosa física que se pueda pesar. El Estado es, como el dinero, un hecho institucional: existe porque colectivamente actuamos como si existiera, y por eso cruza de frente con qué cuenta como real.

¿Por qué obedecer?

Weber describe; no justifica. La pregunta de por qué ese monopolio merece obediencia la respondió, entre los siglos XVII y XVIII, una familia de filósofos con una misma imagen: el contrato social, un acuerdo hipotético entre personas que ceden algo a cambio de algo. Thomas Hobbes, en el Leviatán (1651), cedía casi todo a un soberano fuerte a cambio de escapar de la guerra de todos contra todos. John Locke, en su Segundo tratado sobre el gobierno civil (1689), ponía límites: el gobierno existe para proteger la vida, la libertad y la propiedad, y si las viola el pueblo puede retirarle la confianza. Jean-Jacques Rousseau, en El contrato social (1762), cambiaba la pregunta: la ley legítima es la que expresa la voluntad general de los mismos que la obedecen.

En ética el contractualismo apareció como una de las cuatro grandes familias morales, con el velo de ignorancia de Rawls como versión moderna. Aquí aparece en su terreno original: no para decidir qué es bueno, sino para explicar por qué aceptamos que alguien nos cobre impuestos y nos pueda llevar a la cárcel.

Repartir el poder para que no se concentre

El otro gran invento es de Montesquieu, en Del espíritu de las leyes (1748): si un mismo poder hace las leyes, las ejecuta y juzga a quien las incumple, no hay libertad posible. Hay que separarlo en ramas que se frenen entre sí. Es una idea de ingeniería: no se confía en la virtud de quien manda, se diseña el sistema para que funcione aunque no la tenga, como una estructura que se diseña con margen para cargas que nadie quiere que lleguen.

La Constitución de 1991 empieza diciendo que Colombia es un Estado social de derecho, organizado como república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales. “De derecho” quiere decir que el poder también está sometido a la ley. “Social” agrega algo más exigente: el Estado no solo debe abstenerse de atropellar, también debe procurar condiciones materiales de una vida digna. La herramienta más visible de esa idea es la acción de tutela, con la que cualquier persona puede pedirle a un juez que proteja de inmediato un derecho fundamental.

Las ramas son las de Montesquieu. La legislativa es el Congreso, con Senado y Cámara de Representantes: hace las leyes, aprueba el presupuesto y ejerce control político. La ejecutiva la encabeza el presidente, que en Colombia es a la vez jefe de Estado, jefe de Gobierno y suprema autoridad administrativa, con sus ministerios y entidades. La judicial tiene varias altas cortes: la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado (que juzga a la administración, y por eso es donde terminan muchos pleitos sobre contratos públicos), la Corte Constitucional, creada en 1991 para guardar la Constitución, y además la Fiscalía.

Fachada de piedra clara con una fila de columnas estriadas, un frontón con el escudo de Colombia y, al frente, una estatua de bronce sobre un pedestal
El Capitolio Nacional, en Bogotá, donde sesionan el Senado y la Cámara: la casa de la rama legislativa, a un costado de la plaza de Bolívar.Foto: Martinduquea · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons

Pero la Constitución reconoce que tres ramas no alcanzan, y crea órganos autónomos fuera de ellas. Los órganos de control son el Ministerio Público, cuyo director supremo es el Procurador General y del que también hace parte la Defensoría del Pueblo, y la Contraloría General. Se reparten el trabajo de vigilar: la Procuraduría, la conducta de los servidores públicos; la Defensoría, la promoción y defensa de los derechos humanos; la Contraloría, el control fiscal, es decir, cómo se gastan los recursos públicos. La organización electoral, con la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral, organiza y vigila las elecciones. Y el Banco de la República es autónomo frente al Gobierno, con una junta propia y el mandato de cuidar el poder adquisitivo de la moneda; en inflación está cómo lo hace, y la razón de fondo es la misma de Montesquieu: quien gasta no debería controlar también la máquina de hacer dinero.

Un país de municipios

“Unitaria” quiere decir que hay una sola Constitución y un solo Congreso que legisla para todos; “descentralizada”, que buena parte de lo cotidiano se decide cerca. Las entidades territoriales son los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas, y la Constitución llama al municipio la entidad fundamental de la división político-administrativa. Hoy son 32 departamentos y algo más de 1.100 municipios. Los alcaldes se eligen por voto popular desde 1988, y los gobernadores desde la Constitución de 1991; antes los nombraba el poder central.

Ese mapa no salió de un plan. En buena parte es la huella de quién fundó qué y cuándo. En el Eje Cafetero, por ejemplo, muchos municipios son los pueblos que dejó la colonización antioqueña en el siglo XIX, con sus pleitos de tierras incluidos: la división administrativa de hoy guarda la memoria de cómo se pobló el territorio.

De dónde sale la plata

Un Estado que no recauda es un Estado que no existe. La primera fuente son los impuestos, y aquí la Constitución recoge una idea vieja: en tiempo de paz, solo los cuerpos de elección popular (el Congreso, las asambleas departamentales, los concejos municipales y distritales) pueden imponer tributos. Es el viejo “no hay impuesto sin representación”. La nación cobra, a través de la DIAN, impuestos como el de renta y el IVA; los municipios cobran, entre otros, el predial y el de industria y comercio. Y como vimos en el dinero, que los impuestos se paguen en pesos es parte de lo que hace que todos necesiten pesos.

Lo que se recauda se gasta según el Presupuesto General de la Nación: el Gobierno lo presenta, el Congreso lo aprueba cada año como una ley, y no se puede hacer un gasto que no esté en él. Una tajada grande de ese presupuesto no la gasta la nación, sino que se transfiere a departamentos y municipios por el Sistema General de Participaciones, con destinos fijados por la ley: educación, salud, agua potable y saneamiento, y un componente de propósito general. La idea es que un municipio pobre pueda pagar maestros aunque su predial no alcance.

Las regalías son otra cosa: lo que paga quien explota un recurso natural no renovable, como el petróleo, el carbón o el oro, por llevarse algo que es de todos. Desde 2012 funcionan en un Sistema General de Regalías que las reparte entre todas las regiones, y no solo entre las productoras, para proyectos de inversión. Detrás hay una intuición de justicia entre generaciones: lo que sale del subsuelo una sola vez debería dejar algo que dure (la otra cara de esa cuenta está en de la mina al computador).

Cuando los gastos superan los ingresos, el hueco se llena con deuda, sobre todo con bonos como los TES. Ahí está casi todo lo que hay que saber de la deuda pública en una sola línea. Si es la deuda como fracción del PIB, la tasa de interés que se paga, el crecimiento nominal de la economía y el superávit primario (lo que sobra antes de pagar intereses, como fracción del PIB), entonces

Si la economía crece más rápido que la tasa de interés, la deuda pesa menos con el tiempo aunque solo se refinancie; si los intereses le ganan al crecimiento, hace falta un superávit solo para quedarse quieto. Es el interés compuesto de la deuda visto en la escala de un país, y es la razón por la que Colombia tiene desde 2011 una regla fiscal que pone límites al déficit.

Lo que el mercado no produce solo

Queda la pregunta de fondo: ¿por qué hace falta todo esto? ¿No podría el mercado, que tan bien coordina precios y valores, encargarse de todo? Para muchas cosas sí. Para una clase especial, no. Paul Samuelson la formalizó a mediados de los años cincuenta, y Richard Musgrave completó la definición poco después: los bienes públicos son los que cumplen dos condiciones. Son no rivales: que tú los uses no le quita nada a otro (el alumbrado de la cuadra alumbra igual a uno que a veinte). Y son no excluibles: no se puede impedir que los use quien no pagó (no hay manera de que la defensa nacional proteja solo a los que pagaron). Un pronóstico del clima, un mapa de amenaza sísmica, el sistema común de pesos y medidas: todos son, en buena parte, bienes públicos.

El problema con ellos tiene nombre: el gorrón (en inglés, free rider). Si el bien me llega de todas formas, ¿para qué pago? Y si todos razonan igual, nadie paga y el bien no existe. Mancur Olson lo estudió en La lógica de la acción colectiva (1965), y hay un juego de laboratorio que lo captura con una sola fórmula. Hay personas, cada una recibe una dotación y decide cuánto aportar, , a un fondo común. El fondo se multiplica por (lo que hace valioso juntar esfuerzos) y se reparte por igual:

Las dos desigualdades son todo el dilema. Como , cada peso que entra al fondo produce más de un peso para el grupo: lo mejor para todos es que todos aporten todo, y entonces cada uno recibe . Pero como , cada peso que tú aportas te devuelve solo , menos de un peso. Aportar nada es lo mejor para ti, hagan lo que hagan los demás. Si todos lo ven, nadie aporta, y cada uno se queda con su . En ética vimos el dilema del prisionero, que es este mismo conflicto entre dos; el juego de bienes públicos es su versión con muchos, que es la versión con la que vive un Estado.

Juega · un fondo común y sus gorrones

8 personas reciben 10 cada una por ronda y deciden cuánto poner en un fondo común. El fondo se multiplica por r y se reparte por igual entre todos. Un cuarto de la sala (2) son gorrones; los demás empiezan aportando 6 y luego aportan un poco menos que el promedio de los demás. Es un modelo de juguete.

personas
regla

aporte promedio por ronda (de 10)

051012345678910ronda →

ronda 10: lo que aportó cada uno (ámbar: gorrones)

En la ronda 10 el aporte promedio es 0,05 y cada persona se lleva en promedio 10,11.

Si todos aportaran todo, cada uno se llevaría 32; si nadie aporta, 10.

En la sala de arriba hay ocho personas, una dotación de 10 y : cada peso aportado te devuelve 0,40. Si todos aportaran todo, cada uno se llevaría 32; si nadie aporta, 10. Dos de los ocho son gorrones. Los otros seis siguen una regla que se parece a lo que encontraron los experimentos (Urs Fischbacher, Simon Gächter y Ernst Fehr, entre otros, observaron que mucha gente se comporta como cooperador condicional: aporta más cuando los demás aportan más, aunque tiende a quedarse un poco por debajo): empiezan dando 6 y luego dan el 85 % del promedio de los demás. Los números son míos, no datos de nadie.

Con la regla voluntario, el aporte promedio arranca en 4,5 y se desmorona: en la décima ronda es 0,05, y cada uno se lleva 10,11, casi lo mismo que si nadie hubiera aportado nunca. Nadie fue malvado. Los cooperadores solo respondieron a lo que veían, y lo que veían era a los gorrones. Con un impuesto de 5 que todos tienen que pagar, el aporte se estabiliza en 5 y cada uno recibe : el doble de lo que dejaba la cooperación voluntaria, y los gorrones también pagan. Eso es, en miniatura, lo que hace un sistema tributario. Con castigo, cualquiera que aporte menos que el promedio de los demás paga una multa por cada peso de diferencia, y castigar le cuesta algo a quien castiga. Con una multa de 1, nadie quiere quedarse por debajo, todos igualan, el aporte se sostiene en 6 y nadie llega a ser multado: la amenaza basta. Baja la multa a 0,5 y el castigo deja de disuadir, porque no aportar un peso ahorra 0,60, más que la multa. El aporte se derrumba igual que antes, y ahora además se pierde lo que se gasta castigando.

Los experimentos de laboratorio con este juego, el más citado es de Fehr y Gächter, publicado en 2000, encontraron un patrón parecido: sin castigo, los aportes empiezan altos y caen ronda a ronda; cuando los participantes pueden castigar a los gorrones, aunque les cueste, la cooperación se sostiene. Dos advertencias. El castigo mismo es un bien público (todos se benefician de que alguien castigue, pero cuesta castigar), así que el problema del gorrón reaparece un piso más arriba. Y la solución no tiene que venir siempre del Estado: Elinor Ostrom documentó en El gobierno de los bienes comunes (1990) muchas comunidades que manejan pesquerías, bosques o sistemas de riego con reglas propias. El Estado es una respuesta al dilema, la que escala a millones de personas que no se conocen, no la única.

El Estado que compra

Hay una última cosa que suele quedar fuera de los libros de teoría política y que en la práctica lo llena todo: el Estado casi nunca hace las cosas con sus propias manos. Las carreteras y los puentes los construyen empresas contratadas; los colegios y hospitales, también; los computadores de las oficinas, el aseo, la vigilancia, la alimentación escolar y buena parte de los estudios técnicos se compran. Y donde el Estado no compra, muchas veces regula y planea lo que otros operan, como la red que lleva la energía de la represa al enchufe. Gastar el presupuesto es, en gran medida, contratar. Y contratar con plata de todos tiene sus propias reglas, que no se parecen a las de cuando tú compras algo con la tuya. Eso es qué es una licitación, el capítulo siguiente.

Lo que queda

Visto de lejos, el Estado es una solución institucional a un problema que tiene forma matemática: hay cosas que todos queremos y que nadie, por su cuenta, tiene incentivo para pagar. La respuesta fue un monopolio de la fuerza que pide ser legítimo, partido en ramas que se vigilan, financiado por impuestos que solo pueden decretar los elegidos, y repartido en un territorio que guarda la historia de cómo se pobló. Se puede discutir cuánto Estado hace falta, y esa discusión es la política. Lo que este capítulo quería mostrar es la pregunta que todos los lados tienen que responder: con gorrones en la sala, ¿quién paga el alumbrado?